Resumen: Delitos contra la salud pública, en cantidad de notoria importancia de sustancias que no causan grave daño a la salud, y pertenencia a grupo criminal. Se plantean vulneraciones constitucionales: tutela judicial efectiva, proceso debido, presunción de inocencia, nulidad de las intervenciones telefónicas, falta de psicotoxidad del hachís intervenido (THC), individualización de la pena y drogadicción. Carece de relevancia el porcentaje de tetrahidrocannabinol de la droga intervenida, en orden a la determinación de la cantidad de notoria importancia. Importa el peso. En cuanto a la atenuante de dilaciones indebidas: desestimación. No existe un derecho a la tramitación individual de un procedimiento en el que aparecen implicadas diversas personas en los mismos hechos y menos aún si como aquí sucede, se acusa y condena por integración o pertenencia a un grupo criminal.
Resumen: Concurre el ensañamiento para cualificar el asesinato, al constar en los hechos que la muerte de la víctima se vio aderezada con una multitud de acciones, que agravaban innecesariamente su padecimiento, tales como la repetición de puñaladas, la utilización del bordillo, la maceta y el rociado con el polvo químico de un extintor. Estos hechos incrementaron claramente el sufrimiento de la víctima, a propósito por el autor. No procede la admisión del motivo por "error facti", puesto que los informes señalados no son en realidad documentos, sino pruebas personales documentadas, consistentes en la determinación de pareceres técnicos realizados por quienes tienen, sobre los mismos, una preparación especial y con la finalidad de facilitar la labor del tribunal al valorar la prueba. El veredicto esta debidamente motivado, en cuanto opta por una de las alternativas que ofrece la prueba practicada y lo hace de manera razonada y razonable, aunque sea de manera sucinta.
Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena, y dispone su libre absolución de la acusación. Acusado que tiene vigente una pena que le prohíbe acercarse a quien fuera su pareja sentimental y también a su domicilio, y se le atribuye haber circulado con su vehículo dentro del radio de la prohibición del domicilio de la mujer. Presunción de inocencia, prueba de cargo y principio de duda razonable. Determinación segura del domicilio de la persona protegida. Discrepancias entre el domicilio de la persona protegida que aparece en los registros policiales y el consignado en el programa VIOGEN, que es el de referencia para la persona acusada. Juicio de certeza sobre la correspondencia del domicilio de la persona protegida con el que aparece en el registro policial y se formula la acusación. Revisión de la valoración probatoria por parte del tribunal de apelación.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Acusado que, a pesar de tener vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a sus padres y al domicilio de éstos, es sorprendido cuando se encuentra dentro del edificio en que residen. Acusado que manifiesta encontrarse en una situación de desamparo, sin hogar y expuesto a temperaturas extremadamente bajas, por lo que sostiene que no tenía otra alternativa para resguardarse. Estado de necesidad como causa de exención o atenuación de la responsabilidad penal. No se admite la circunstancia de estado de necesidad cuando el conflicto de bienes o deberes admita otra solución, cuando no se acredita la necesidad y con ella tampoco la justificación o exclusión de la culpabilidad. Elementos requeridos para la apreciación del estado de necesidad.
Resumen: La posibilidad de declarar el acusado en último lugar debe ser solicitada por la defensa y resuelta razonadamente por el Tribunal sin que la denegación de ello suponga automáticamente una vulneración del derecho de defensa, vulneración que, en su caso, deberá concretarse en el perjuicio específico -la indefensión material- que la no alteración del orden convencional de la prueba ha producido. Delito de quebrantamiento de medida cautelar. El dispositivo de control telemático obliga a su portador a llevar un brazalete transmisor ajustado a una parte de su cuerpo que emite una señal de radiofrecuencia. Incidencias del programa cometa. No se trata de meros olvidos o descuidos, sino un comportamiento del acusado que por reiterado denota al menos un dolo eventual de que el dispositivo no cumpla con la finalidad para la cual ha sido instalado.
Resumen: La Audiencia confirma la sentencia de instancia que absolvió al acusado de los delitos de robo con fuerza y hurto de uso de ciclomotor y le condena como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa. Límites del tribunal de apelación respecto de la valoración de pruebas personales. Valor como prueba de cargo de la declaración de los agentes de policía. El ánimo de lucro y la inexistencia de daño. Exigencias del principio acusatorio y la homogeneidad entre los delitos de robo con fuerza y hurto lo que hace posible la condena por el segundo delito aunque el primero haya sido objeto de acusación.
Resumen: La tipificación de la conducta sancionada en el art. 380 CP, consiste en conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas; y en el párrafo segundo del precepto se ejemplifican a modo de interpretación auténtica, dos efectivos supuestos de temeridad manifiesta. El tipo del art. 380 CP incluye una modalidad amplia de supuestos de hecho (conducción en zig-zag, saltarse semáforos en rojo, conducir en dirección prohibida, etc.) que se ajustan a una inveterada tradición histórico legislativa y a la definición de la conducción temeraria como aquella que desprecia las más elementales normas de precaución, gravemente irregular y contraria al ordenamiento jurídico de tráfico. Cuando la temeridad es manifiesta, es decir, patente, clara y con ella se pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, lo que es un ilícito administrativo se convierte en penal y da lugar al delito. Conduce temerariamente un vehículo de motor quien incurre en la más grave infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Resumen: La especial naturaleza de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad requiere como imprescindible la colaboración del penado en todas las fases de ejecución de la pena, tanto en el momento de elaboración del plan como en su cumplimiento, y para que pueda calificarse la conducta de quebrantadora de la condena por incumplimiento del compromiso adquirido, en cualquier período de la ejecución, después de consentir que se le imponga, se requiere que presente capacidad física y psíquica adecuada para los concretos trabajos asignados, como se desprende de la normativa reguladora del cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad , expuesta en el art. 49 del CP y con los principios inspiradores de los tipos penales que se le asemejan. No se entiende como abandono del trabajo si concurre causa justificada, como dice el ap. 7º del art. 49 del CP. El testimonio de la trabajadora, que si bien no es facultativa médica, sí puede aportar datos objetivos que permiten determinar al Tribunal que el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol en los días referidos de incumplimiento y que los trabajos programados no eran adecuados a su estado de salud, debiendo dar relevancia probatoria al informe aportado de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la información aportada por la trabajadora social a través de correo electrónico. El dolo exige que el obligado se oponga de modo contumaz al cumplimiento, lo que no se da en el caso, por su alcoholismo crónico.
Resumen: La parte recurrente no ha propuesto prueba en segunda instancia, a los efectos de la decisión por la Sala, en consecuencia la documental, aún cuando sea por mero fotograma, que incorpora en su escrito de recurso no es una prueba documental propuesta en tiempo y forma y admitida ni por la primera instancia ni por la segunda, por lo que ningún valor probatorio puede otorgarse a la misma. En el recurso de apelación, el órgano revisor, se encuentra en la misma posición que el Juez para la determinación de los hechos y puede, en su caso, efectuar una nueva ponderación y valoración de la prueba practicada, sin embargo, en las pruebas personales (testificales, declaración de acusado), ha de conjugarse dicha facultad con el respeto a las garantías constitucionales de inmediación y contradicción, que integran el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías. No ha probado la defensa ningún estado de necesidad que amparase la conducta del acusado ese día, es más la postulación que realiza de que la Comisaría de Policía está pared con pared con la estación de autobuses, como argumento de que ese día no tenía intención de quebrantar la medida cautelar no puede ser aceptado, este extremo no le ha supuesto al acusado ningún freno inhibitorio, a la luz de las pruebas testificales practicadas.
Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, y dispone su libre absolución. Acusado que, teniendo vigente una orden de protección que le impide acercarse y comunicarse con su pareja sentimental, es acusado de haber mantenido con ella una conversación telefónica. Facultades del tribunal de apelación en orden a revisar la valoración de las pruebas realizada por el Juez de primer grado en caso de sentencias de condena. Presunción de inocencia y acreditación plena de la autoría de una conversación telefónica mantenida por la persona protegida con persona que se identifica como el acusado, pero que éste niega. Testimonio de la testigo de cargo que no se ve corroborado con prueba objetiva sobre el terminal telefónico desde el que se efectúa la llamada al móvil de la persona protegida por la orden judicial.
